miércoles, 23 de febrero de 2011

Diplomacia policial paralela

Perjuicios de tener una diplomacia policial paralela

Por la fragmentación institucional y la rivalidad interfuerzas existen vínculos, sobre todo con EE.UU., que contradicen las políticas de seguridad de los últimos gobiernos.
El episodio del avión militar norteamericano que traía instructores y equipamiento para entrenar al Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal Argentina constituye una de las manifestaciones elocuentes del autogobierno de nuestras instituciones policiales. En su marco, durante los últimos años, se ha desarrollado una diplomacia policial subterránea y paralela mediante la cual se han entablado estrechas vinculaciones con organizaciones policiales y/o militares de otros países, en particular, de los Estados Unidos.

Esos vínculos han sido, casi siempre, decididos por las cúpulas policiales criollas o, en su defecto, por algunas de sus secciones o dependencias internas. Casi siempre, enmarcaron o alentaron acciones inscritas en “actividades de cooperación” o de “asistencia técnica” cuyo contenido estaba abiertamente en contraste con las leyes y la institucionalidad de nuestro país o con las políticas de seguridad sustentadas por la administración gubernamental de turno.

Para muestra, basta un botón. A comienzos de febrero de 2007, visitó el país el entonces Secretario de Justicia norteamericano, Alberto Gonzáles, un verdadero “halcón” de la administración Bush. Luego de reunirse con el Ministro del Interior, Aníbal Fernández, a cargo de la seguridad interior, lo hizo con los titulares de las cuatro policías y fuerzas de seguridad federales, lo que, en sí, no se correspondía con el principio de conducción civil.

La primera pregunta que Gonzáles formuló ante los jefes policiales dio lugar a una comedia expresiva de la diplomacia policial paralela: “¿cuáles son las amenazas más importantes que se deben enfrentar en la Argentina?” Al unísono, los titulares de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval señalaron impávidos que eran el terrorismo y el narcotráfico, es decir, exactamente lo que el anfitrión de la reunión quería escuchar.

Al suscrito, por entonces Interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, le tocó la desagradable tarea de desmentir esas afirmaciones señalando, a tono con la posición oficial del gobierno argentino, que la problemática del terrorismo era acotada y había al respecto una prolífica labor de inteligencia llevada a cabo por la Secretaría de Inteligencia de manera conjunta con la CIA. Y, sobre el narcotráfico, señalé que la Argentina era un país de tránsito de drogas ilegales, pero que el problema mayor que alimentaba el negocio criminal era el elevado nivel de consumo de esas drogas en los países centrales.

La diferenciación legal e institucional entre las esferas de la defensa nacional y la seguridad interna y, en su marco, de las funciones institucionales de las Fuerzas Armadas y las policías, respectivamente, constituye un basamento fundamental de la democracia argentina. No obstante, ese consenso legal e institucional ha sido reiteradamente ultrajado por la diplomacia policial paralela.

Durante todos estos años, fue constante la oferta de asistencia brindada por el “grupo militar” de la Embajada de los Estados Unidos para la adquisición de materiales o la capacitación a favor de las Fuerzas Armadas locales o de las policías y fuerzas de seguridad federales o provinciales. Este grupo constituye una sección dependiente de “Comando Sur”, que es el comando militar conjunto con jurisdicción en toda la región de América latina y cuya principal misión estratégica está dada por el “combate” contra el terrorismo, el narcotráfico y la criminalidad organizada. Muchas veces, esa oferta fue fervorosamente correspondida por los uniformados locales, al amparo de la ignorancia o el desinterés de los funcionarios políticos del ramo. El caso del GEOF constituye un buen ejemplo de esto.

Asimismo, no es menos prolífica la labor desplegada por la Drug Enforcement Agency (DEA) en nuestro país. Esta agencia, cuyos intereses y perspectivas sólo ocasionalmente son convergentes con las políticas oficiales en materia de control del narcotráfico, no es proclive a establecer mecanismos transparentes de cooperación y asistencia recíproca con las policías de nuestro país. Prefiere tener algún tipo de influencia o control soterrado de secciones o unidades de las policías federales o provinciales que les resulten clave para sus objetivos de obtención de información o para la incidencia en el negocio del narcotráfico en nuestro país.

En gran medida, ello lo consigue financiando la realización de cursos en Estados Unidos para algunos oficiales criollos que, a partir de entonces, se convierten en personas de confianza o directamente empleados de la DEA. También donan equipamientos o brindan informaciones que les permiten a las policías o secciones nativas lucirse incautando gran cantidad de drogas en procedimientos que casi nunca suponen la detención o desarticulación de los miembros de las bandas narcotraficantes.

No parece casual que sea la propia DEA la más interesada desde hace mucho tiempo en que la Argentina no cuente con una dependencia superior del gobierno que concentre las responsabilidades de formulación de las políticas y estrategias de control de la criminalidad organizada así como la conducción de un dispositivo policial unificado y especializado en el control de la criminalidad organizada. Prefiere la fragmentación institucional y la rivalidad interfuerzas que prima en la actualidad.

Todo esto ha sido posible gracias a la diplomacia policial paralela y al tradicional desgobierno político sobre la seguridad pública que la actual administración apunta a erradicar mediante la creación del Ministerio de Seguridad.


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