La crisis terminal de EE.UU necesita nuevos enemigos-

El Mercosur es “antinorteamericano”

Un documento secreto del Departamento de Estado al que tuvo acceso Página/12 por filtración de Wikileaks revela el temor estadounidense ante la consolidación de un bloque regional que incluya también a Venezuela.

 Por Martín Granovsky

Por primera vez sale a la luz un documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos que califica al Mercosur como un organismo “antinorteamericano”. No consta en los archivos públicos ninguna mención en ese sentido por parte de una autoridad del Departamento de Estado. El documento al que tuvo acceso Página/12 por filtración de Wikileaks revela el contenido de una reunión de embajadores estadounidenses en el Cono Sur realizada en Río de Janeiro.

Según el texto final del encuentro, la clave que según los Estados Unidos cambia la naturaleza del Mercosur es la decisión de incorporar a Venezuela a los cuatro miembros originales: la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

“La entrada de Venezuela en el Mercosur altera claramente el balance y la dinámica de la organización”, dice el texto. “Mercosur gradualmente fue transformándose de una unión aduanera imperfecta en una organización más restrictiva y antinorteamericana.”

La reunión se realizó durante dos días, el 8 y el 9 de mayo de 2007 en Río de Janeiro. El cable con el resumen fue clasificado como secreto el 17 de mayo por el número dos de la embajada en Paraguay, Michael J. Fitzpatrick. Su título original es “Conferencia: una perspectiva del Cono Sur sobre la influencia de Chávez”. Participaron los embajadores norteamericanos en Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, y el cable agradece los aportes de la embajada en Bolivia.

Casi cuatro años después del encuentro cobra aún más importancia que haya sido un diplomático destinado en Paraguay el encargado de calificar el grado de confidencialidad de la reunión. El protocolo de adhesión de Venezuela fue firmado en marzo de 2006. Pero hasta hoy no entró en pleno vigor porque un país solo pasa de ser asociado a miembro pleno cuando los Parlamentos de los países que ya son miembros ratifican la decisión de los poderes ejecutivos. Lo único que falta para la entrada de Venezuela es, hoy, la ratificación del Senado paraguayo.

En la última reunión de Mercosur (Foz do Iguaçú en 2010) la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que “la incorporación de Venezuela al Mercosur, además de aportar su generosidad, va a ayudar estratégicamente a consolidarnos en uno de los frentes más importantes de este siglo, el energético”. Cristina dijo confiar “en los hermanos de Paraguay”, destacó el Mercosur como un bloque que permitió dejar “atrás una hipótesis absurda como el enfrentamiento entre la Argentina y Brasil” y añadió que el peso de los mercados internos de los países permitió “superar la crisis global más importante desde 1930”.

El atractivo de Chávez

La conclusión final de los embajadores es que “la campaña de Chávez para expandir su influencia en el Cono Sur es multifacética, y descansa en buena medida pero no totalmente en una generosa asistencia energética y en acuerdos de inversión”. Concede que la figura de Chávez puede ser “atractiva para muchos de los desposeídos de la región, que todavía esperan que la globalización les aporte los beneficios del libre comercio y el gobierno verdaderamente democrático”.

Según el cable, “al integrar a Venezuela a las instituciones existentes y al crear nuevos organismos regionales, Chávez busca que el Cono Sur siga esa idea”. ¿Qué resultados habría producido la supuesta campaña del presidente venezolano? “Pocos países han probado ser capaces de resistir el atractivo de la ayuda venezolana y de sus paquetes de inversión.” Para fortuna de los críticos de la integración venezolana, “a la vez que la influencia de Chávez en la región se expandió significativamente, los líderes regionales sospechan de sus motivos y objetivos”. Muchos de esos líderes “coinciden con su mensaje de que el Cono Sur, y sobre todo Sudamérica, deben establecer una identidad separada respecto de la hegemonía norteamericana, pero no se sienten cómodos si son usados”.

Una frase de los embajadores indica el estado del diagnóstico estadounidense: “Los Estados Unidos no pueden esperar que los líderes de la región acudan en nuestra defensa”.

Y después del diagnóstico viene la recomendación: “Necesitamos convencernos de la necesidad de implementar una estrategia transparente para la región”. Sigue así el texto: “Nuestra idea de comunidad de naciones democrática e inclusiva que asegura la perspectiva de un futuro más próspero para sus ciudadanos es la respuesta correcta a Chávez”. Los participantes también pidieron “más herramientas y recursos” para contrarrestar lo que define como “esfuerzos políticos de fisurar la democracia, diseñar estrategias económicas para estrangular el comercio libre, la politización del Mercosur, la expansión de lazos en el área de Defensa y la campaña en los medios de comunicación masivos”.

País por país

Los diplomáticos congregados en Río de Janeiro se manifestaron convencidos de que existe una campaña pública de Chávez y otra clandestina, de suministro de fondos, y analizaron la posición de los gobiernos de Sudamérica en detalle.

En el caso argentino, un dato clave es el hecho de que, según los participantes, “una encuesta realizada en diciembre de 2006 arrojaba que Chávez era popular para el 52 por ciento de los argentinos” y que la imagen de los Estados Unidos no era popular. Al mencionar a Néstor Kirchner, presidente de la Argentina al momento de la reunión, el cable dice que “Kirchner intentó distanciarse públicamente de la posición antinorteamericana de Chávez y trató de mantener la percepción de una línea más independiente para resultar potable al votante medio, pero su estrategia económica claramente busca lazos más estrechos con Chávez en comercio y finanzas y procura posicionarse a sí mismo entre Lula y Chávez en el espectro regional”. En la visión estadounidense, Kirchner intentaba balancear la relación con Chávez. “Esto es evidente en el apoyo de Kirchner y su esposa hacia la comunidad judía de Venezuela y, simultáneamente, que se hayan abstenido de cualquier llamado en favor de la libertad de prensa en el caso de RCTV, por ejemplo.”

“Aunque Kirchner comparte alguna de las posturas izquierdistas de Chávez, es más bien un pragmático”, dice el texto. Y nombra los préstamos por 4200 millones de dólares concedidos a la Argentina.

El cable consigna que “lo que llevó a Brasil a apoyar la admisión de Venezuela en el Mercosur fue la creencia de que Chávez podría ser controlado más fácilmente si estaba dentro del organismo que si se lo dejaba a su propia inspiración fuera de él”. El documento pone en cuestión esa idea con dos ejemplos. Uno, que Chávez alentó a Evo Morales a nacionalizar Petrobras en Bolivia. Otro, que Chávez le disputa protagonismo a Lula en las reuniones de Mercosur.

“Esa fricción brinda una oportunidad”, analiza (y parece esperanzarse) el texto que clasificó Fitzpatrick en 2007. Obviamente se refiere a una oportunidad para los Estados Unidos de erosionar las relaciones del bloque sudamericano.

Sin embargo, cuando Morales nacionalizó el petróleo, nacionalizó también Petrobras, y no solo Petrobras. Brasil se irritó por la ocupación militar de las plantas pero un diálogo entre los dos países solucionó el diferendo.

Tampoco hubo, finalmente, una disputa de protagonismo entre Lula y Chávez, a tal punto que el entonces presidente brasileño siguió impulsando la entrada de Venezuela al Mercosur. El Senado brasileño la ratificó en 2009, con Lula presidente. Y su sucesora, Dilma Rousseff, dijo en enero último en una entrevista con medios argentinos, entre ellos Página/12, que “Venezuela es un gran productor de petróleo y gas”. Opinó que “tiene mucho que ganar entrando al Mercosur, y nosotros con su presencia”. También tocó la cuestión del liderazgo, pero la despersonalizó mientras ponía la cabeza de la región en un plano binacional argentino-brasileño por tamaño y desarrollo económico. “Hasta para los otros países es absolutamente importante que Brasil y la Argentina estén juntos porque no es una relación de hegemonía la que Brasil y la Argentina se proponen en relación con el resto de América latina”, declaró.

En la visión norteamericana de aquel momento, otro tema a seguir de cerca eran los contactos militares venezolanos, y en el caso de Bolivia, los presuntos contactos en el área de Inteligencia.

Incluso Uruguay aparece sospechado, porque según el cable los temas de Seguridad del entonces presidente Tabaré Vázquez los llevaba día a día su hermano Jorge, “un ex miembro de la guerrilla OPR-33”. Vázquez, subsecretario del Interior, habría trabajado según los Estados Unidos con “agentes del servicio secreto reclutados bajo el paraguas de la (central sindical) PIT-CNT, dominada por el Partido Comunista, y entrenados en Caracas y La Habana”.

En verdad, la OPR-33 fue más libertaria que comunista y en la PIT-CNT hay también peso de socialistas y del Movimiento de Participación Popular del ex tupamaro Pepe Mujica. Jorge Vázquez es el mismo que denunció en Uruguay una campaña en su contra. Dijo que había sido falsamente acusado de almacenar armas para Irán en combinación con Venezuela.

Scioli quiere más poder para esta policía.

¿Seguriqué?

Mientras Scioli respaldaba en la Legislatura al alcaide mayor Casal, un preso entregaba a la Justicia fotos suyas con uniforme del SPB. Tres detenidos contaron a distintos magistrados que los sacan a robar entre la noche y el alba, con ropa y armas del Servicio, que los desarmaderos funcionan en las propias cárceles, donde también se venden estupefacientes. A quien se niega le violan la mujer o lo asesinan. Fiestas nocturnas con alcohol y prostitutas y tiro al blanco sobre los detenidos.

 Por Horacio Verbitsky

El martes 1º Daniel Scioli leyó un excelente discurso ante la Legislatura de Buenos Aires, en el que respaldó a su cuestionado ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense Ricardo Blas Casal. Scioli explicó que no hay contradicción entre seguridad y derechos humanos y ratificó su indeclinable compromiso con el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada. A la misma hora, un detenido en la Unidad 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense sorprendió al fiscal Germán Martínez al quitarse la zapatilla izquierda, donde escondía el chip de un teléfono celular. Allí había seis fotografías del detenido y de otras personas privadas de su libertad en la misma unidad. Todos lucían piezas de uniformes del Servicio Penitenciario Bonaerense, y un video en el que uno de los funcionarios de seguridad entrega un pequeño sobre a uno de los detenidos. El detenido, a quien aquí llamaremos Erre Jota, tiene 32 años y purga una condena por robo. Martínez es el titular de la Unidad Funcional de Instrucción 16 de San Martín, a cargo de estupefacientes.

La denuncia inicial la había hecho el 28 de febrero una tía de Erre Jota, quien contó que su sobrino le había dado el chip para que bajara las imágenes y le había pedido que se lo devolviera en la siguiente visita. Erre Jota contó que temía por su seguridad y la de su familia, ya que en 2008 se negó a matar a un hombre, como le exigían los penitenciarios, y su mujer recibió amenazas que se cumplieron cuando fue violada como advertencia para él. Desde entonces aceptó “realizar los trabajos que ellos me pedían, ya que mi familia se halla constantemente amenazada”. Dijo que el director y el subdirector del penal y el jefe de complejo en ese momento, prefecto mayor Mario Aranda, prefecto Horacio Ruiz e inspector mayor Claudio Molina lo pusieron al frente de un grupo que ya integraban otros detenidos y les señalaron los modelos de autos que debían robar: Peugeot 307 y 405. La excepción fue un Clio 2, para reponer una parte rayada de la carrocería del vehículo del oficial Lavallén. El turno de robar para el Servicio iba de las 23 a las 6 del día siguiente, hora en que las personas decentes que claman por más seguridad se encierran en sus casas para protegerse de los delincuentes. Si no regresaban antes de esa hora se denunciaría la evasión. Para llegar a la salida del penal les suministraban partes de uniformes del Servicio Penitenciario Bonaerense, armas y teléfonos celulares. Una vez en la calle usaban esos teléfonos para llamar a conductores de remises que formaban parte de la combinación. El fiscal le mostró las fotos, impresas desde el CD que había entregado su tía, y Erre Jota reconoció en ellas al oficial penitenciario Guerra, a otros dos detenidos y a sí mismo, todos vestidos con piezas del uniforme oficial: una campera de camuflaje, una gorra, un chaleco antibalas y un escudo protector, con la sigla SPB. Dijo que Guerra les proveía armas, marihuana, pasta base, cocaína y pastillas de Ribotril. El fiscal también recibió el testimonio del detenido que aparecía en la foto con el penitenciario Guerra, a quien llamaremos Ge Be. Dijo que salía a robar para el SPB y que otro preso que se negó, al que llamaban Víctor Murgueño, fue asesinado. Mencionó al actual director, prefecto mayor Raúl Galeano, al jefe de penal Saravia, al de taller Bumarelli y al de contaduría Pozo, aunque no explicitó qué habría hecho cada uno.

–¿Dónde iban a robar? –le preguntó el fiscal.

–Por José León Suárez, Boulogne, San Isidro. Robamos autos modelo 307, 405 y 406.

–¿Y qué hacen con ellos?

–Los llevamos al penal. Ahí hay un taller, donde un grupo de internos que saben de mecánica, manejados por el director y el jefe de penal, los desarman para la venta de autopartes.

Dijo que les pagaban 1000 o 1500 pesos, según los autos y les anotaban concepto favorable en los legajos, imprescindible para aspirar a la libertad anticipada. Contó que salieron cinco o seis veces en lo que va del año y mencionó algunos de los robos: un 405 a pocas cuadras de una panchería en José León Suárez, un Clío 2 cree que en la calle San Lorenzo, llegando a Tres de Febrero, donde hay una pollería. El oficial Lavallén, el jefe de requisa Marresi y el jefe de turno Nicolás Aquesta los llevaban a hablar con el director antes de salir, dijo. También Ge Be contó del turno de 23 a 6 y que les entregaban ropas del Servicio, armas y celulares. Dijo que con uno de ellos Erre Jota lo había filmado con el Oficial al que conoce sólo como Anteojito, quien le entregó drogas a cambio de sus zapatillas.

–¿Es habitual que les entreguen drogas? –quiso saber el fiscal.

–Sí, cualquier oficial se las da –contestó el hombre.

El acta judicial consigna que “como prueba de sus dichos extrae de su boca una bolsita transparente de polietileno. Dice que contiene una piedra de marihuana”. El fiscal la agregó al expediente, debidamente ensobrada y firmada. Ge Be explicó que comenzaron a grabar con los celulares luego de que otro detenido matara al Murgueño, quien “no quería trabajar más para el Servicio”. Contó el robo de un Renault Megane verde una madrugada de la primera quincena de enero, a cuatro cuadras de la Plaza Roca de Villa Ballester, apuntando al hombre que bajó del coche. Dijo que en la UP48 había de diez a quince autos con la patente cambiada, estacionados entre los del personal.

Un tercer detenido pidió hablar con el juez de ejecución que entiende en su legajo, Alejandro David. Dijo que en la primera semana de febrero los oficiales Lavallén, Mohame y Aquesta, le ofrecieron 1500 pesos para salir a robar. Aceptó y esa noche lo buscaron en su celda, lo vistieron con indumentaria del Servicio Penitenciario, lo sacaron del penal por la puerta trasera en un automóvil Fiat Palio de color plateado. Le señalaron una casa donde había un auto Renault Kangoo de color bordó, para que lo robara. Pero en cuanto intentó saltar el portón de entrada “se prendieron unas luces y tuvo que salir corriendo hasta el auto del personal del Servicio, que lo estaban esperando”. De regreso al penal le sacaron el uniforme y lo devolvieron a su celda. Declaró que su familia tenía una foto suya con el atuendo del Servicio y que “los autos que se roban, entran al sector de Talleres de la Unidad, que funciona como desarmadero”. Agregó que recibía los autos el jefe de talleres Edgardo Gumarelli, quien hace 15 días fue ascendido a Jefe del Penal. “Siempre se trabajó en connivencia con Galeano, el Director de la Unidad, y Ruiz, el Subdirector”. Además, le solicitó al juez David que comprobara los golpes en la cabeza y en la espalda y los cortes en el abdomen, provocados por agentes penitenciarios debido a un no expresado “problema interno” del Servicio.

Los universitarios

A fines de noviembre de 2010 el Secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín, Juan Manuel Casolati, presentó un hábeas corpus a favor de un grupo de detenidos en la misma Unidad 48 pero en el sector denominado de régimen abierto, donde se alojan los internos que estudian en la Universidad Nacional de San Martín, quienes habían sido agredidos a tiros por el subalcaide Walter Ontiveros, que estaba borracho. Otros oficiales disuadieron a Ontiveros pero luego amenazaron a los detenidos para que no denunciaran lo sucedido. Casolatti acompañó un escrito de las víctimas. Uno de ellos estaba llevando los residuos hacia los containers de basura cuando Ontiveros lo increpó:

–¡Eh Ñaca, sí, a vos, gato, te hablo, tomate el palo pa dentro negro de mierda, salí la concha de tu madre, te voy a meter un tiro, denunciero!

Era la noche del sábado 20 de noviembre. Según la denuncia, Ontiveros “desenfunda su pistola como puede, dado que se tambaleaba de un lado a otro (casi cayéndose debido a la borrachera), la carga subiendo la escalera del muro perimetral del régimen cerrado y una vez arriba comienza a disparar con su pistola reglamentaria 9mm contra Hache Ce”. Otros estudiantes universitarios se tiraron al piso “ante los disparos que emanaban del arma de guerra del funcionario ebrio”, mientras su blanco “huía corriendo por su vida hacia el sector de alojamiento”. Minutos después Ontiveros se acercó junto a otros penitenciarios y llamó a los jóvenes: “¿Qué onda, queda todo acá o van a denunciar? Ustedes saben que si se denuncia esto tiene vuelto, digo, porque los universitarios acostumbran mandar en cana”. Todos prometieron que no lo harían: en agosto había ocurrido otro ataque a balazos por parte de la misma guardia penitenciaria. Lo denunciaron y desde entonces fueron víctimas de amenazas y agresiones por parte de los funcionarios y de otros internos.

De fiesta

Aquella vez el penitenciario ebrio que “efectuó disparos de fuego a mansalva” fue el guardia Javier Armando Ruiz. Luego el estudiante de sociología Eme Erre fue retirado a punta de escopeta de su celda por penitenciaros que lo intimaron a no denunciar lo sucedido. Los universitarios lo hicieron de todos modos. Uno de ellos, Abelardo Jesús Cabral, fue despertado por el oficial Lavallén, quien lo llevó a Control, “donde se encontraba la Comisión Directiva de la Unidad”. Comenzaron a empujarlo y el subdirector Pantoja le ordenó a Lavallén que “me hincara con una cuchilla tipo carnicero”. Mientras le colocaban la punta afilada en la pierna y el abdomen, el director Aranda y los subdirectores Pantoja y Ruiz le dijeron que parara con las denuncias. De regreso a su celda lo rodearon sus cuatro compañeros, que lo golpearon a puñetazos y con una varilla finita mientras le decían “denunciero y ortiba”. Las heridas fueron filmadas por el secretario de ejecución penal Casolati, quien presentó un hábeas corpus por su vida. Cabral fue el testigo decisivo en la investigación del homicidio del matrimonio de Nancy Nolasco y Angel Marcos. El hombre trabajaba con el senador del PJ provincial José Manuel Molina y entre los condenados hubo policías. Uno de ellos, Hernán Ricardo Argüello, trabaja ahora en la U9 para el Servicio Penitenciario. Otra de las exigencias era que Cabral rectificara su testimonio para beneficiar a Argüello. La semana pasada fue amenazado una vez más, por el oficial Fantosi, quien le gatilló tres veces un arma descargada en la cabeza. Los detenidos en el régimen abierto también revelaron las “fiestas penitenciarias” que se realizan los fines de semana con abundante consumo de alcohol. “Concurren tanto personal masculino como femenino y grupos de prostitutas contratadas por la oficialidad superior del lugar, quienes mencionan que las mismas son procedentes de distintos prostíbulos de la zona y son traídas en las camionetas del SPB, marca Chevrolet, modelo LUV, patentes CYI-239 y ASF-630, que han sido observadas en la puerta del prostíbulo sito frente al Policlínico local”.

La negación

Ni la fiscalía ni el juzgado aceptaron informar sobre el resultado de estas actuaciones. El único que respondió a la consulta para este artículo fue el secretario general de la Fiscalía de Cámara, Alejandro Porthé. Su llamativa respuesta fue que sólo hay un video con una filmación muy precaria de un diálogo entre el detenido Erre Jota y un penitenciario de bajo rango, del que “se deduciría” que el agente le ofrece tres porros a cambio de una campera. La denuncia es remitida al fiscal Raúl Germán Martínez al juez Nicolás Schiavo, titular del Juzgado de Garantías N 5 de San Martín, quien ordenó un allanamiento en la unidad y otro en la casa del agente penitenciario, “de los cuales no surge ninguna prueba”. Según Porthé no hay fotos ni se confirmó la versión que “en un principio llegó a la fiscalía de que aparecería el detenido con ropas del Servicio Penitenciario Bonaerense. Fue sólo una versión que no se desprende del material de prueba”. Todo lo contrario: las fotos están entre las fojas 10 y 14 de la Investigación Penal Preparatoria 15-00-007158-11, y el CD del que provienen, en las fojas 7 y 8. Una fuente próxima a Schiavo dijo que el detenido denunció “un sin fin de delitos”, pero que el juez se limitó a cumplir las medidas solicitadas por el fiscal Martínez en relación a ingreso de droga al penal, con allanamientos que dieron resultado negativo. Es decir que se ignoró la gravísima denuncia sobre el robo y desarmado de autos. El allanamiento se limitó a la UP 48 y no se extendió a las unidades 46 y 47, que forman parte del mismo complejo, en Camino del Buen Ayre y Camino De Benedetti, en José León Suárez. Fueron concebidas como alcaidías, se construyeron sobre el basural del CEAMSE por lo que el agua está contaminada y se inauguraron hace cuatro años. Schiavo es el juez que investiga los asesinatos de José León Suárez en la villa De la Cárcova, donde su desempeño hasta ahora ha sido correcto. En 2008 fue satanizado por haber concedido la prisión domiciliaria con control satelital a un detenido que salió de su casa y mató a cuatro personas, en Los Cardales. Aunque se demostró que su decisión era legítima y que la falla estuvo en el sistema de control porque el detenido se sacó la pulsera y el Departamento de Monitoreo Electrónico no lo informó, Casal promovió su juicio político, que no prosperó porque ni la Procuración General ni la Comisión Bicameral lo acusaron. Pero el caso fue utilizado para restringir la prisión domiciliaria y las excarcelaciones y también sirvió para ablandar al juez.

La represión es la vivienda de los pobres.

Muchas críticas, pocas viviendas

Para Rodríguez Larreta, el fallo que considera que la toma del parque no es delito es “un pésimo antecedente”. El gobierno porteño todavía no presentó el detalle de las viviendas que se comprometió a construir para resolver el conflicto.

 Por Eduardo Videla

El gobierno de Mauricio Macri salió ayer en bloque a cuestionar el fallo de la jueza María Cristina Nazar, quien consideró que la toma del Parque Indoamericano no fue un delito y dispuso el cierre de la causa. “Mañana van a tomar cualquier plaza, total, no es delito”, advirtió el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, quien nada dijo acerca del tema de fondo que, según la jueza, originó la ocupación del parque: el déficit de vivienda. Al respecto, en el gobierno nacional todavía esperan la presentación por parte de la ciudad del proyecto técnico para la construcción de seis mil viviendas, acordado en diciembre en medio del conflicto por el Indoamericano, aseguraron en el Ministerio de Planificación Federal.

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, consideró que el fallo de Nazar “atenta contra lo que dice la ley. Los jueces no tienen que interpretar la ley a su gusto, tienen que aplicarla”, dijo. “La jueza no estuvo bien. Si tiene esa visión, tiene que volver a estudiar. Si los jueces y el Estado no hacen respetar la ley, es volver al Far West. Lo que pasó en el Indoamericano tiene más que ver con eso que con una sociedad democrática y organizada”, sentenció Macri.
La magistrada porteña había ordenado el jueves cerrar la causa contra seis supuestos organizadores de la toma del Parque Indoamericano de Villa Soldati, entre ellos dirigentes barriales que participaron en las negociaciones para resolver el conflicto, como Diosnel Pérez, del Frente Darío Santillán, o Alejandro “Pitu” Salvatierra, militante kirchnerista de Villa Soldati. La jueza consideró que no hubo delito sino un conflicto originado en “una cuestión social que no debe criminalizarse, sino resolverse por la vía administrativa”. Se refería, concretamente, a la falta de viviendas que afecta a miles de personas.
Rodríguez Larreta advirtió que el fallo “genera un antecedente muy complicado” y dijo que “así como nosotros fuimos muy firmes y muy claros en que nadie que tome un espacio público va a recibir un apoyo del Estado, el hecho de que una jueza diga que no es delito, es una barbaridad. Es un pésimo antecedente. Mañana van a tomar cualquier plaza, si total no es delito”, sostuvo el funcionario. “El hecho de que haya gente con necesidad social, que por supuesto la hay y para eso hay planes de vivienda, no puede justificar cometer un delito tan abierto como la toma de un espacio público”, opinó.
Rodríguez Larreta estuvo al frente de la negociación que a fines de diciembre permitió destrabar el conflicto y desalojar en forma pacífica el parque. El acuerdo consistía en que la ciudad elaboraría un plan para construir viviendas de manera tal que por cada peso invertido por la administración porteña, la Nación aportaría otro peso.
“Presentaron una propuesta que no tiene datos de los lugares donde se construirán las viviendas, ni detalles de la inversión ni planos de cómo serían las viviendas. Es una memoria muy somera que no llega a ser un anteproyecto”, dijo a Página/12 el subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala. “Antes de fin de año les pedimos que entreguen un proyecto como debe ser, pero todavía no han traído nada”, agregó el funcionario.
En definitiva, la situación habitacional en la zona sigue sin abordarse. Organizaciones sociales y políticas del sur de la ciudad salieron ayer a repudiar mediante un documento la actuación del Ejecutivo porteño en los hechos del Indoamericano. “Macri sólo dio como respuesta la represión y la discriminación”, sostiene el documento que firman las agrupaciones Causa Popular (integrada por Pitu Salvatierra), la Corriente Política 17 de Agosto, el Comedor Los Pibes, el Espacio Comunarte y el Encuentro por la Democracia y la Equidad.
“La integración ‘definitiva del Sur’ figura en el manual del buen candidato porteño, como en su momento lo quiso ser Mauricio Macri –concluye el documento–, pero lo cierto es que hoy tenemos un gobierno local inepto y perverso, cuyas políticas no hacen más que profundizar la exclusión, la miseria y la muerte.”

Mal educados

“Es preciso dejar atrás el molde militar”

Garré resumió los ejes de su gestión: establecer una conducción política férrea, renovar los mandos, convocar a los foros sociales para que ejerzan un control ciudadano, volcar más efectivos a la calle y romper las relaciones entre policías y delito.

 Por Raúl Kollmann

“Es preciso terminar con el autogobierno de las fuerzas policiales y dejar atrás el molde militar. La autonomía de las fuerzas policiales favorece la existencia de redes de ilegalidad y de impunidad que perjudican a toda la sociedad que incluye en ella a los miembros de las fuerzas, ya que es falsa la antinomia ciudadano-policía: los miembros de las fuerzas son también ciudadanos y como tales tienen obligaciones y derechos.” Con esta síntesis, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, resumió los puntos centrales de la nueva política del Poder Ejecutivo en materia de seguridad, ya adelantados por Página/12 hace casi un mes: establecer una conducción política férrea de todo lo que tiene que ver con seguridad, renovar los mandos, convocar a los foros sociales para que ejerzan un control ciudadano, volcar más efectivos a la calle, romper las relaciones entre policías y delito y combatir las organizaciones delictivas, en especial, las que tienen que ver con el robo de autos, la piratería del asfalto, la trata de personas y el narcotráfico. Una de las medidas más nítidas de esta nueva etapa fue la realización en la madrugada del jueves de 40 allanamientos a prostíbulos porteños. Como existen muchas sospechas de complicidad de policías federales en la trata de personas, el operativo fue concretado por efectivos de la Gendarmería y la Prefectura.

Garré habló durante la inauguración del ciclo lectivo de la Escuela de Cadetes de la Policía Federal y estuvo acompañada por los funcionarios de mayor rango de su ministerio, como Graciela Caamaño, Ileana Arduino y Gustavo Palmieri, así como el jefe y subjefe de la Federal, Enrique Capdevilla y Alejandro Di Nizo, y los 13 superintendentes de la fuerza. Durante la ceremonia, también Garré entregó insignias a los cadetes egresados.
No es casual que Garré haya presentado los lineamientos centrales de su gestión ante los cadetes. Justamente una de las primeras políticas del ministerio será transformar los planes de estudios de los tres niveles de la educación policial: la escuela de suboficiales, la de oficiales y la Universidad de la Policía Federal. Y no sólo cambiarán los planes de estudios, sino también las autoridades y profesores. Como primera medida, Garré constituyó un equipo que está evaluando todos los programas de estudios y formación. Habrá una fuerte reorientación en materia de valores, estudio del derecho, mecanismos de control o administración en el uso de la fuerza, negociación en caso de conflictos, protocolos de actuación ante las distintas situaciones, intervención en espacios públicos. Tampoco es casual que también ayer la ministra se reuniera con integrantes de las Madres del Dolor y les ofreciera su apoyo para contribuir a la investigación de los hechos que denuncian, que en muchos casos involucran a la propia policía. Las Madres del Dolor participarán en charlas con cadetes y oficiales.
La idea nodal en todos los aspectos es que se pone fin al autogobierno de las fuerzas de seguridad que antes manejaban gran parte de los ascensos, reubicación de jefes, planes de estudios, estrategias frente al delito, operativos y hasta los casos de sospechas de vinculaciones de efectivos con hechos delictivos. Garré lo dijo en forma explícita: habrá una fuerte conducción política, se termina la autonomía de las fuerzas de seguridad. Y cuando mencionó el concepto de abandonar el molde militar, Garré quiso dejar en claro que la vida en la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal o la Policía de Seguridad Aeroportuaria no consiste en hacerle la venia al superior, sino en “desarrollar las fuerzas que nuestra sociedad necesita”.
La ministra enumeró que el objetivo será “proteger la vida, las libertades, los bienes, los derechos y las garantías de los ciudadanos. Luchar contra el crimen organizado y el delito complejo. Colaborar con la Justicia en el esclarecimiento del delito. Resguardar a las víctimas, evitando su revictimización. Hacer uso de la fuerza de modo racional y progresivo en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. Actuar con transparencia y honradez en la gestión, luchando contra la corrupción. Incrementar la presencia policial en las calles y que esa presencia sea confiable para todos y todas, favorecer la persuasión y prevención frente a situaciones delictivas”.
Los síntomas de cambio en materia de seguridad son nítidos:
- El primero de todos, la creación del ministerio, con una figura fuerte como Garré a la cabeza.
- Se cambió la cúpula de la Policía Federal y es inminente el cambio de todos los jefes de las comisarías porteñas. Justamente es el ministerio el que está estudiando legajo por legajo para tomar las decisiones.
- Cambian todos los programas de estudio.
- La Policía Federal dejó ayer de tramitar y fabricar pasaportes. Ya el 25 dejó de entregar las cédulas de identidad. Todas esas funciones pasaron al Registro Nacional de las Personas. Con ello, los policías pasarán únicamente a ocuparse de seguridad y, además, se abandona el concepto de supervisión y control policial de la sociedad civil.
- Se hará una fuerte reconversión para que las tareas administrativas y de mantenimiento dejen de estar en manos de personal con estado policial.
- La estrategia es volcar más efectivos a las calles y a las tareas de seguridad.
- Este mes serán convocados todos los foros y organizaciones no gubernamentales abocados a cuestiones de seguridad. La idea es consolidar foros que se vinculen con cada comisaría y se efectivice un control social de la actuación policial.
- El énfasis estará puesto también en las cuestiones técnicas. Se instalarán más cámaras; se va a trabajar con la Policía Metropolitana en el sistema 911 que la Metropolitana va a inaugurar este mes y se está preparando un nuevo modelo de patrullero que sería presentado por la Presidenta en las próximas semanas.
- Habrá un estricto control del ministerio en procedimientos claves: allanamientos de desarmaderos, prostíbulos, investigaciones de narcotráfico, control de aviones y pesquisas relacionadas con robos de bancos o blindados.
- Se va a reflotar una comisión mixta de seguridad bancaria, incluyendo al gremio, los empresarios y el Banco Central. Se establecerán nuevas estrategias en esa materia.
- Garré buscará acuerdos con los países limítrofes, en especial Paraguay y Bolivia, para evitar que allí se inscriban autos de dudoso origen. También se buscarán convenios con Paraguay y Bolivia contra la trata de personas.
- Se están revisando todos los protocolos sobre actuación policial en calles o plazas. El objetivo fundamental será preservar las vidas, priorizar la negociación.
“Es indispensable romper los lazos policiales con cadenas del delito, allí donde existan”, dijo ayer Garré. Esta semana, la ministra desplazó a la titular de la comisaría de Almagro por las sospechosas fallas en la actuación frente a robos en departamentos. También los allanamientos a los prostíbulos, dejando al margen a la Policía Federal, marcan una tendencia. En la próxima semana, el Ministerio de Seguridad cumplirá apenas tres meses de existencia. Todo indica que los cambios recién comienzan.

Por ellas, por justicia, por igualdad, marchamos

                                                                

El Encuentro por la Democracia y la Equidad acompaña la acción Basta de Femicidios,
este jueves 3 de marzo, a las 18 horas, frente al Congreso de la Nación

Este jueves 3 de marzo, a las 18 horas, la asociación civil La Casa del Encuentro, familiares de víctimas de femicidios y el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, convocan a una sentada frente al Congreso de la Nación.

Bajo la consigna “A ellas nadie las escuchó”, la invitación a esta acción pública busca que nos expresemos en reclamo de una sociedad comprometida con la erradicación de toda forma de violencia hacia las mujeres.

Según el relevamiento que realiza anualmente La Casa del Encuentro, en 2010 hubo 260 crímenes de mujeres. Un 12,5 por ciento más que en 2009 y un equivalente a cinco mujeres por semana. (Ver informe completo)

Desde el Encuentro por la Demoracia y la Equidad (EDE) repudiamos fuertemente la violencia de género y observamos con preocupación el creciente número de casos de femicidio que, en los últimos días, han cobrado mayor ferocidad tras la muerte de varias mujeres quemadas por sus parejas. Por eso acompañamos la acción Basta de Femicidios: a ellas nadie las escuchó, este jueves 3 de marzo a las 18 horas frente al Congreso.

Si el campo somos todos, seamos todos.

CASI 17 MILLONES DE HECTAREAS EN MANOS DE EXTRANJEROS, DONDE SE CONCENTRAN RECURSOS NATURALES ESTRATEGICOS

Cuando la regulación es urgente y necesaria

El proyecto oficial para regular la propiedad de la tierra contempla cuestiones de soberanía, pero también las necesidades de acceso de cientos de miles de familias campesinas. Un conflicto con rasgos comunes en toda la región. Argentina “copiará” el modelo brasileño.

 Por Sebastián Premici

En Argentina hay aproximadamente 17 millones de hectáreas en manos de extranjeros en las zonas donde se concentran los principales recursos naturales, como la Patagonia y los esteros del Iberá. Por otro lado, hay aproximadamente 500.000 familias de campesinos que tienen problemas para acceder a la tierra, según las estimaciones del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Frente a este contexto, la intención del Gobierno es regular la “propiedad de la tierra” en todas sus dimensiones. En el Congreso hay más de diez iniciativas de todos los partidos políticos, incluso una del Frente para la Victoria, presentada por la diputada Diana Conti. También hay proyectos de la Federación Agraria, Proyecto Sur y Nuevo Encuentro. El espíritu de cada una de las iniciativas es defender las zonas de frontera, los recursos naturales, como el agua, y evitar la concentración de la tenencia de la tierra, fenómeno que incide en la vida cotidiana de campesinos y productores.

Según indicó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la inauguración de las sesiones ordinarias, no se “inventará nada nuevo”, sino que se copiará el modelo brasileño. El año pasado, Inácio Lula Da Silva puso límites a la compra de tierras y en 2009 sancionó una ley para proteger la zona del Amazonas, donde se concentra más del 50 por ciento de las propiedades extranjeras de aquel país. Por otro lado, José “Pepe” Mujica también instó a su Parlamento a sancionar una ley en este sentido.
Fernández de Kirchner señaló durante su discurso que la iniciativa oficial tendrá por objeto defender los recursos naturales “para que sigan en órbita y competencia nacional”. En este sentido, el proyecto presentado por la diputada Conti señala que el espíritu de una legislación nacional de estas características “debe evitar la indiscriminada compra de tierras por parte de extranjeros, proceso que puede afectar el interés nacional como consecuencia de la constitución de derechos reales sobre determinadas superficies del territorio del país”.
Cuando se habla de “interés nacional” se está pensando en las zonas fronterizas. Por ejemplo, la iniciativa de la diputada Verónica Benas (SI) establece que no podrá adquirirse “el dominio de los bienes inmuebles urbanos o rurales del Estado nacional, provincial o municipal situado dentro de los límites de Zonas de Seguridad”.
En 2008, la Auditoría General de la Nación publicó una resolución (201/08) donde denunció una serie de irregularidades en operaciones de compraventa de tierras limítrofes patagónicas. Sobre un total de 428 trámites de “previa conformidad” solicitados en la Secretaría de Seguridad Interior, se aprobaron sólo 137, mientras que el resto fueron aprobados por la “vía de la excepción”.
“No es, por ende, la propiedad extranjera lo que está en cuestión, sino la necesidad de normativizar un proceso de concentración de vastas extensiones de tierras, proceso que, de continuar como hasta el presente, comprometería objetivos estratégicos vinculados al desarrollo nacional”, sostuvo Conti en su iniciativa.
Para regular esta situación, las diferentes iniciativas proponen que los extranjeros puedan acceder a una cantidad menor de hectáreas, no como ocurre en la actualidad, donde un mismo grupo económico puede tener casi un millón de hectáreas, como la familia Benetton. El proyecto de Pablo Orsolini y Ulises Forte, ambos de la Federación Agraria y la UCR, indica que las personas físicas o jurídicas de otra nacionalidad sólo podrán tener hasta un cuarto de la superficie de una comuna o región determinada por la autoridad de aplicación.
En cambio, el proyecto de Benas habla de hasta un 10 por ciento de esa superficie, mientras que cada persona extranjera –física o jurídica– no podrá tener más de una unidad económica a su nombre. También se propone la necesidad de crear un registro de los extranjeros que adquieren tierras en el país.
En su discurso, la Presidenta sostuvo que la iniciativa “no debe tener un sesgo antiinversión”. “Dijo sin chauvinismos. Argentina no es sólo una víctima de la extranjerización, también la promueve junto a Brasil. Muchos sojeros argentinos forman pooles de siembra en Bolivia y Paraguay. La dirigencia patronal que hoy reclama un freno a la extranjerización tiene asociados que promueven la concentración en otros países”, señaló a Página/12 la investigadora Silvia Lilian Ferro.
El título del proyecto anunciado por el Gobierno habla de la “regulación de la propiedad de la tierra”. Para Ferro, esta definición implicará que no sólo se trate el tema de la extranjerización, sino también “un nuevo marco para los contratos rurales, junto a un nuevo ordenamiento territorial”.
En cuanto a la posibilidad de establecer nuevos contratos rurales, los lineamientos que se están manejando llevarían los plazos de alquiler a cuatro o cinco años, se restringirían los arriendos por cosecha, se limitaría la capacidad de unidades económicas que pueden alquilarse, sobre todo a los pooles de siembra, y se buscará proteger a los agricultores familiares.
De seguirse el modelo brasileño, que también tiene una política para ayudar a los agricultores familiares –por ejemplo, las escuelas deben comprar los alimentos para sus alumnos de manera directa a los pequeños productores– hay dos datos que resultan relevantes. En el país vecino existe un instituto estatal de colonización –al igual que en Uruguay– que tiene por objeto regular el uso de los recursos naturales. En Argentina existía un Consejo Agrario Nacional, cuyo objetivo era distribuir las tierras fiscales, pero fue abolido por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura militar.
El otro dato es que en Brasil la tierra es considerada un “bien social” por rango constitucional, eso les otorga a los productores y campesinos un mayor margen de acción legal para luchar por la posesión de la tierra, tema que tampoco está resuelto. Según el Movimiento de los Sin Tierra, todavía hay cuatro millones de familias con dificultades para acceder a este recurso. En cambio, en Argentina los recursos naturales son regulados por cada una de las provincias.

Se pelean para ver quien pianta mas votos

En un intento por frenar las versiones que daban cuenta de un inminente pacto electoral, el jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, puso ayer en suspenso su alianza con el Peronismo Federal, referenciado en el ex presidente Eduardo Duhalde, para las elecciones nacionales de octubre próximo.
Más allá de los paños fríos que durante toda la jornada intentaron poner referentes de ambos sectores, un Macri con tono adusto había afirmado por la mañana que no evaluaba "ningún tipo de alianza" con Duhalde y que no veía "ninguna fórmula (presidencial) con nadie que no pertenezca a Pro". Para el candidato presidencial, "Pro es un espacio separado, que está creciendo y que respeta los demás espacios [?], pero que no tiene que ver con esos espacios", según afirmó Macri luego de dar por iniciado el ciclo lectivo en una escuela ubicada en la villa 20 de Lugano.

Audio: «Definitivamente, no» dijo Macri

De inmediato, y todavía sin reponerse de la sorpresa que causaron esas declaraciones, desde ambos sectores intentaron una interpretación. "A Mauricio lo habían empujado hacia un lugar que no era el correcto, tanto periodistas como actores de ambos lados que pretenden acelerar los tiempos. No estamos desesperados por un acuerdo con Duhalde", afirmaron a La Nacion desde un despacho contiguo al del jefe de gobierno. Para el círculo íntimo del macrismo, "una cosa son los acuerdos distritales, en los que vamos bien encaminados, y otra los acuerdos nacionales".
Desde el duhaldismo prefirieron dar una visión optimista y comprensiva. "Macri está muy presionado por la prensa y sectores de su partido que no quieren acordar con nosotros y no lo dejan trabajar tranquilo. Hay que darle tiempo", afirmó un ex funcionario de Duhalde en sus tiempos en la Casa Rosada.
AvancesEn los últimos días, de hecho, avanzaron los acuerdos entre ambos sectores en la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, donde habrá fórmula compartida entre el humorista Miguel Del Sel, amigo de Macri, y Osvaldo Salomón, intendente peronista de Chabás. También en Mendoza avanza un ambicioso acuerdo entre peronistas federales, Pro y el Partido Demócrata. Macristas y duhaldistas se sumaron a legisladores de Felipe Solá en la Legislatura bonaerense y hoy presentarán el bloque Pro-Peronismo, de 12 miembros. Quedaron afuera los seis legisladores que responden a Francisco de Narváez y otros dos en representación del campo. "Tienen las puertas abiertas para sumarse porque podemos ser gobierno en 2011", afirmó la diputada provincial Nancy Monzón (Pro).
La principal cuestión, sin embargo, sigue sin resolverse: tanto Duhalde (si triunfa en la interna) como Macri van por el premio mayor, la presidencia, y no parecen dispuestos a cederle al otro el segundo lugar en una hipotética fórmula. "Estamos acordando en muchos distritos y decimos lo mismo que Duhalde dice de nosotros: que no hay que meterse en las internas de otros partidos", afirmó Emilio Monzó, uno de los referentes del armado nacional de Pro.
En público también hubo gestos conciliatorios. "No queremos meternos en la interna, pero eso no quiere decir que no creamos que hay que hacer un frente amplio", afirmó el jefe de los diputados nacionales de Pro, Federico Pinedo. "La relación entre los bloques en Diputados es excelente, y todos trabajamos por una unidad que está cada vez más cerca", agregó a La Nacion el diputado macrista Julián Obiglio (Pro-Capital).
El ex presidente Duhalde había recibido reproches de sus rivales internos del PF, Alberto Rodríguez Saá y Mario Das Neves, por "meter a Pro en la interna antes de ganar la elección" que comenzará el 3 de abril y culminará el 29 de mayo para definir candidato presidencial.
"Por supuesto que vamos a hablar con la gente de Pro, pero después de la interna. La voluntad es buscar el mayor consenso que se pueda lograr", afirmó el jefe de la campaña duhaldista, el ex diputado Carlos Brown.
Macri, que hoy a las 9 inaugura las sesiones ordinarias de la Legislatura porteña, no la tiene fácil en su intento de unificar las elecciones porteñas con las nacionales. Mientras Proyecto Sur, de Fernando Solanas, expresará hoy su oposición al proyecto, la candidata a jefa de gobierno por la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, le pidió por carta que "no lesione la independencia política de los porteños". El macrismo sigue buscando el número para aprobar ese proyecto, mientras pone el freno para la alianza global con Duhalde.